Las Empresas despliegan planes de Desescalada para activar la Economía.

Las grandes Empresas tienen en marcha planes para volver a la normalidad sin que se produzca un rebrote del coronavirus. Ése es, al menos, el objetivo de un despliegue en el que se incorporan prácticas que cambiarán la rutina de los centros de trabajo. Desde test, mascarillas y guantes hasta instalación de mamparas, controles de temperatura y entrada por turnos, las medidas tienen como prioridad mantener a raya el Covid-19. Lo que está en juego no es solo la continuidad del negocio, sino también el arranque de la economía.

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Comercio:

En el comercio, la desescalada será espacialmente delicada. El aforo se limitará, los probadores deberán desinfectarse en cada uso y a los clientes se les darán guantes y gel, según el protocolo de la patronal textil Acotex. En Mango, habrá un cliente por cada 10 metros cuadrados de tienda, mientras que en El Corte Inglés no solo se limitará el aforo, sino que habrá mamparas de seguridad en las cajas y señalización en el suelo para mantener la distancia.

En la restauración, las asociaciones Hostelería de España, Fiab y Aecoc han presentado al Gobierno un plan de desescalada elaborado junto a EY en el que se plantea una vuelta a la normalidad por regiones, en función de los riesgos sanitarios y del peso del sector hostelero.

Entre inmobiliarias y promotoras como Metrovacesa, la consigna es el teletrabajo. En Neinor, las oficinas estarán abiertas, pero únicamente con los puestos fundamentales, mientras que en Aedas Homes se potenciará el trabajo desde casa y se abordará un regreso escalonado y voluntario al puesto de trabajo.

En Iberia hay varios grupos de trabajo implicados en el retorno. Las aerolíneas han perdido el 90% de los vuelos y deben además tomar medidas conforme a unos protocolos de seguridad muy estrictos. Aena analiza en coordinación con las autoridades procesos aeroportuarios seguros en aspectos como la gestión de las colas o de los controles de seguridad.

Coronavirus: Guía práctica de las Ayudas.

La norma entró ayer en vigor y las medidas que contiene mantendrán su vigencia durante el plazo de un mes, que el Gobierno podrá prorrogar. EXPANSIÓN analiza las ayudas en hipotecas, ERTE, Seguridad Social, impuestos, contratos, compras, concursos, financiación y la renovación del DNI.

El Real Decreto-ley de medidas urgentes extraordinarias para hacer frente al impacto económico y social del Covid-19 entró ayer en vigor y las medidas que contiene mantendrán su vigencia durante el plazo de un mes, sin perjuicio de que el Gobierno pueda prorrogar la norma.

Hipotecas:

Desde hoy, y hasta el próximo 3 de mayo, los trabajadores que pierdan su empleo o sufran una caída sustancial de sus ingresos o ventas (en el caso de negocios) como consecuencia de la crisis del coronavirus podrán solicitar la suspensión del pago de sus hipotecas. La moratoria sólo se aplicará en caso de vivienda habitual. Podrán solicitarla trabajadores que hayan sido despedidos y empresarios o autónomos que sufran una caída sustancial de ingresos o ventas (de al menos el 40%). También se aplicará si la cuota hipotecaria a pagar es igual o superior al 35% de los ingresos que entran en el hogar en el mes anterior a la solicitud del impago, o si el esfuerzo de la carga hipotecaria sobre la renta familiar se multiplica por al menos 1,3. Durante el próximo mes, queda prohibido el corte de suministros de agua, luz o gas a hogares vulnerables.

ERTE:

Las empresas que, afectadas por la crisis del coronavirus, tengan exoneración total, o del 75% de las cotizaciones sociales, al presentar el ERTE deberán mantener el empleo, al menos, durante los seis meses posteriores a la reanudación de la actividad. La norma aclara también que será total la exoneración del pago de las cotizaciones sociales para las empresas de menos de 50 trabajadores, y del 75%, si tiene ese número o más.

Trabajo aceptará los ERTE que se hayan presentado antes del Real Decreto. La condición es que su presentación se deba a una causa de fuerza mayor relacionada con la epidemia. También podrán acogerse a las condiciones del ERTE los negocios que tengan incluso un sólo trabajador, siempre que su cierre se deba a la crisis de la epidemia.

El Gobierno ha dispuesto que sean los Servicios Públicos de Empleo los que se encarguen de hacer toda la tramitación de las empresas. Éstas sólo tienen que llevar la lista de trabajadores y presentar ante la Inspección de Trabajo la causa de la regulación temporal de empleo. En este sentido, el empresario tendrá autorización para la regulación laboral si en el plazo de cinco días no recibe contestación de la Inspección. El silencio administrativo se convierte en positivo.

La empresa debe comunicar en el ERTE la solicitud y el informe a los representantes de los trabajadores. Si no tiene representación legal, se entenderá cumplida la obligación si ésta se realiza a los empleados por cualquier vía como correo electrónico, WhatsApp o cualquier otro medio.

El Gobierno ha introducido un cambio en la reforma laboral para la negociación de los expedientes y concede prioridad a los sindicatos del sector para negociar con la empresa, en el caso de que los trabajadores no tuvieran representación. Es decir que se da preferencia a las grandes centrales, como CCOO y UGT. Hasta ahora, el Estatuto de los Trabajadores regula que sean los empleados de la empresa los que elijan a tres representantes de entre ellos, y si no, que sean los sindicatos del sector.

Eduardo Peñacoba, socio de Laboral de Simmons & Simmons, critica que se imponga la presencia sindical en empresas que no tienen esta representación, y critica que la aplicación de los ERTE por fuerza mayor no aplique a todo tipo de empresas y no se extienda en principio más allá de la vigencia del Decreto.

Seguridad Social:

El Decreto explica, en una disposición adicional cuarta, que, a pesar del estado de alarma, la Seguridad Social mantiene la obligación de las empresas de pagar en plazo tanto las cotizaciones sociales, como en la necesidad de dar de alta y de baja a los trabajadores afiliados. En este caso, no rige la suspensión en los trámites administrativos que regula el Real Decreto de estado de alarma.

Durante la vigencia del periodo de alarma, el retraso en la presentación de las solicitudes de prestaciones por desempleo o reanudación de la misma "no implicará que se reduzca la duración del derecho a la prestación".

El autónomo que quiera acogerse al sistema de protección del desempleo de este colectivo, conocido como cese de actividad, debe estar al corriente de sus cotizaciones a la Seguridad Social. Si no es así, el beneficiario de la prestación tendrá 30 días para regularizar su contribución a la Seguridad Social.

Las instituciones públicas de ciencia, tecnología e innovación podrán establecer jornadas laborales extraordinarias para hacer frente a la emergencia sanitaria. Estas horas extra se compensarán con el complemento de productividad o mediante gratificaciones extraordinarias.

La Seguridad Social está reconsiderando el pago de los salarios a los trabajadores que tengan que quedarse en casa o reducir su jornada para cuidar familiares. Según las fuentes consultadas por EXPANSIÓN, el Ministerio está renovando sus cálculos sobre los potenciales beneficiarios y el coste económico, una vez que ha comprobado que se están cerrando todo tipo de pequeñas y medianas empresas.

La norma ha dejado fuera a los becarios que están en las empresas. El Gobierno se ha comprometido a estudiar su inclusión.

Impuestos:

El Real Decreto-ley amplía los plazos de los procedimientos tributarios ya iniciados, distinguiendo dentro de ellos los trámites abiertos, cuyo plazo se extenderá hasta el 30 de abril, y los que se vayan a abrir, donde el periodo de respuesta del contribuyente se extenderá hasta el 20 de mayo. El Decreto no afecta a los intereses de demora, que se seguirán devengando con los plazos ampliados, lo que Maximino Linares, socio de EY Abogados, considera que debería reconsiderarse. Fuentes de la Agencia Tributaria (AEAT) no descartan que se module.

En cambio, los plazos de presentación e ingreso de las autoliquidaciones y los de presentación de las declaraciones informativas no se ven afectados por el Decreto. Sin embargo, dado que el Consejo de Ministros ha aprobado importantes medidas para facilitar que las empresas dispongan de liquidez, y puesto que en las próximas semanas se va a producir el vencimiento del plazo de declaración e ingreso de determinadas autoliquidaciones, ante la eventualidad de que algunas empresas puedan tener problemas de liquidez para efectuar los ingresos, la AEAT va a adoptar las medidas operativas necesarias para que las empresas con problemas de tesorería que vayan a acogerse a las nuevas medidas de liquidez puedan hacer frente a los importes declarados en plazo y no ingresados. Desde la AEAT explican que esto significa que las empresas que se acojan al mecanismo de liquidez que ofrece el Decreto no recibirán apremios por impago de impuestos mientras no les llegue la línea de liquidez.

Contratos:

El Gobierno ha tenido en cuenta las demandas de las empresas constructoras al recoger una excepción para proteger a los contratistas de obra pública en el caso de que se paralicen los proyectos por culpa de la pandemia. El Decreto señala en el articulo 33.4 que "en los contratos públicos de concesión de obras y de concesión de servicios la situación las medidas adoptadas por el Estado para combatirlo, tendrán la consideración de fuerza mayor, dando derecho al concesionario al restablecimiento del equilibrio económico del contrato mediante la ampliación de su duración inicial hasta un máximo de un 15% o mediante la modificación de las cláusulas de contenido económico incluidas en el contrato". La fuerza mayor también afecta a los ERTE pero no a los contratos privados.

Compras:

El Gobierno ha interrumpido los plazos de devolución de productos mientras esté vigente el estado de alarma, Así, el cómputo de los plazos, generalmente establecidos en 30 días, se reanudará en el momento en que pierda vigencia el Decreto por el que se declaró el Estado de Alarma o, en su caso, las prórrogas del mismo.

Concursos:

Las empresas insolventes están eximidas de la obligación de declararse en concurso de acreedores mientras dure el estado de alarma, medida que también ha tomado Alemania. En su artículo 43, el Decreto señala que habrán de transcurrir dos meses desde la finalización del estado de alarma para que los jueces puedan admitir a trámite las solicitudes de concurso necesario que se hubieran presentado durante la alerta y en los dos meses posteriores a su cierre. Si se hubiera presentado solicitud de concurso voluntario, se admitirá a trámite, con preferencia, aunque fuera de fecha posterior. Alejandro Rey, socio de ABCGC Abogados, recuerda que tampoco tendrá el deber de solicitar la declaración de concurso el deudor que hubiera comunicado al juzgado la iniciación de negociación aunque hubiera vencido el plazo.

Financiación:

Los agricultores que pidieron préstamos para afrontar el impacto de la sequía de 2017 podrán acordar con los bancos prolongar hasta en un año el periodo de amortización de los préstamos, pudiendo ser de carencia. Será el Ministerio de Agricultura el que asuma el coste adicional de los avales. Las solicitudes estarán abiertas durante los próximos cuatro meses.

El Ministerio de Ciencia concederá créditos extraordinarios al Instituto de Salud Carlos III para necesidades excepcionales (más de 25 millones) y al CSIC (4,4 millones).

Coste:

El Gobierno estima en unos 5.000 millones de euros el gasto de las medidas adicionales al paquete de liquidez de 100.000 millones que articula el Decreto. Es el caso de los ERTE y el resto de medidas no financieras.

DNI:

El Gobierno prorroga un año la vigencia de los Documentos Nacional de Identidad (DNI) que caduquen a partir de la declaración del estado de alarma, el pasado día 14. De este modo, los DNI que caduquen a partir de esa fecha quedan prorrogados hasta el 13 de marzo de 2021.

Esta prórroga, según figura en el Decreto, permitirá que puedan renovarse, conforme al procedimiento actual, los certificados reconocidos incorporados al DNI en igual periodo. El pasado 14 de marzo, la Dirección General de la Policía informó de que se había suspendido la expedición de documentos y la cita previa salvo por motivos de urgencia debidamente justificados.

Igualmente, quedan anuladas las citas previas ya concertadas hasta el momento. En las oficinas de documentación solo se atenderá la expedición de documentos por motivos de urgencia debidamente justificados.

Cotizadas:

Las empresas cotizadas dispondrán hasta finales de octubre de plazo para celebrar sus juntas generales de accionistas, de forma que contarán con cuatro meses más para cumplir con su asamblea anual de socios, frente al actual plazo de finales de junio. Además, el Gobierno otorga flexibilidad a las compañías para celebrar estas reuniones de forma completamente telemática y en cualquier lugar, aunque estos términos no estén contemplados en los estatutos sociales de la empresa.

  

Riesgo de crisis en la Vivienda: Parón en Ventas y Caída de Precios.

Desde el sector inmobiliario son muchas las voces que dan 2020 por perdido. La situación de emergencia sanitaria paralizará la compraventa de vivienda, ante una demanda que no puede salir de casa y que ya arrastraba síntomas de atonía desde 2019, y la onda expansiva alcanzará pronto los precios y provocará caídas. La incertidumbre contraerá la inversión al inicio,pero repuntará, al ver la vivienda como activo refugio. Aunque el sector entre en crisis, no llegará al nivel sufrido en 2008.

La venta de vivienda ha entrado en parálisis. El estado de alarma decretado ante la gravedad de la pandemia del coronavirus ha desatado cierres masivos de negocios y ha encerrado a toda España en casa, y buscar una nueva ha dejado de estar en la lista de prioridades de la mayoría de ciudadanos. La situación de emergencia sanitaria en que está sumida España, cuarto país del mundo más afectado por el virus, amenaza con asestar el golpe definitivo a un sector que ya venía tocado en 2020 por antiguas contingencias que hoy suenan lejanas, como la ralentización económica, la inseguridad jurídica de los últimos cambios normativos, la guerra comercial o un Brexit caótico.

Desde el sector inmobiliario son muchas las voces que dan 2020 por perdido, ante el ya palpable parón en compraventas y la consecuente caída de precios de los pisos por falta de demanda. José García Montalvo, catedrático de Economía de la Universidad Pompeu Fabra y especialista en el sector calcula que la caída anual en la cifra de compraventas podría ser del 20%.

También se congelará la inversión, al menos en una fase inicial, y las nuevas promociones de vivienda pararán motores. La sombra de una recesión asoma en el horizonte de 2020, según advierten desde Goldman Sachs, Fitch o Esade, y el inmobiliario es más vulnerable que otros. "Todo apunta a que el primer semestre acabará arrojando unos datos en el sector inmobiliario no vistos desde 2009 o 2010", pronostica Fernando Encinar, jefe de Estudios del portal inmobiliario Idealista. Ya en enero, la compraventa de viviendas cayó un 2,6% interanual, con 46.927 transacciones, el peor arranque de un año desde 2017, según los datos publicados por el INE esta semana. Aunque esta caída es más bien atribuible a la atonía que ya venía arrastrando el sector, que cerró 2019 con 16.342 compraventas menos que en 2018.

Pero, aunque todo depende de cuánto se prolongue esta situación excepcional, la mayoría de expertos y empresas del sector descartan una repetición de lo sufrido en la crisis de 2008 y creen que hay luz al final del túnel, aunque la veamos hasta 2021. "Van a caer agresivamente las ventas de viviendas mientras dure la crisis médica por motivos obvios. Si tomamos a China como precedente de impacto del coronavirus, sabemos que las ventas de hogares se han reducido en enero y febrero un 90% interanual", explica Ignacio de la Torre, economista jefe de Arcano, que pronostica las mayores caídas en segunda residencia y segmentos de lujo. Los contratos que ya estaban negociados continuarán escriturándose, pero la nueva actividad está parada. "Si la gente no sale, no puede visitar casas, y eso interrumpe la actividad", añade De la Torre. De hecho, aunque es posible rubricar contratos actualmente si ambas partes disponen de firma electrónica, la Asociación española de promotores (APCE) considera "más prudente no hacerlo". La restricción del estado de alarma no será lo único que contraiga la demanda. El cierre de negocios y los despidos masivos golpearán un mercado laboral que ya estaba sufriendo aumentos de costes, lo que reducirá significativamente los ingresos que entraban en los hogares, limitando todavía más el acceso a la vivienda y provocando impagos (aunque para estos casos el Gobierno ha anunciado una moratoria hipotecaria). La onda expansiva pronto alcanzará precios, pues a la menor demanda se sumará que algunos propietarios necesitarán vender para tener liquidez.

"Me resulta muy difícil imaginar que todo el escenario que estamos viviendo no afecte gravísimamente a los precios. Sin duda tras la crisis sanitaria habrá un impacto económico muy profundo que afectará a los precios de todos los activos. Lo que aún no sabemos será la gravedad de la caída", señala Encinar.

INVERSION:

En cuanto a la inversión, en un principio se paralizará, contribuyendo al abaratamiento de los pisos. "Es lógico pensar que tendremos una situación de recesión en la inversión", prevé Daniel Cuervo, secretario general de APCE. Sin embargo, como apunta Beatriz Toribio, experta en el sector, "la vivienda puede ser el refugio de muchos inversores, y en cuanto pase el miedo que tenemos en el cuerpo, habrá ciertas cosas que volverán a la normalidad. Otra cosa es la demanda del ciudadano medio". En ello coincide Jaime Pascual, consejero delegado de Savills Aguirre Newman: "con la volatilidad que estamos viviendo en los mercados financieros y con los tipos de interés bajos, el posicionamiento del sector inmobiliario como inversión se debiera ver reforzado tras este periodo".

Pese a la sensación de hecatombe no vista desde la pasada crisis que podrían plasmar las estadísticas de vivienda los próximos meses, en el sector coinciden en que será un espejismo. Las promotoras están sanas, bancos y hogares han reducido su endeudamiento y no hay burbuja en el sector. Aún así, nadie pone la mano en el fuego: todo dependerá de lo que dure esta crisis.

EL DESPLOME DEL TURISMO AMENAZA EL NEGOCIO DEL ALQUILER VACACIONAL:

La pandemia del coronavirus ha hecho del mundo un lugar hostil para el turismo. Mientras se alarga la lista de países que recomiendan no viajar (o lo prohíben), el Consejo Mundial de Viajes y Turismo (WTTC) ya calcula un hundimiento del 25% en el turismo mundial y pérdidas por más de 20.000 millones. España podría perder tres millones de turistas con el escenario actual, y más de seis millones si se prolonga hasta verano. Este desplome toca de lleno a miles de propietarios de pisos en alquiler vacacional en España. El impacto del coronavirus abrirá un agujero de 260 millones de euros en este segmento de mercado, según estima la Federación Española de Asociaciones de Viviendas y Apartamentos Turísticos (Fevitur). Para paliar estas pérdidas, podría producirse un trasvase de oferta. "Probablemente muchos propietarios estuvieran ya valorando la opción de trasladar su vivienda de vacacional a residencial y la pandemia les ha ayudado a tomar la decisión", apunta Fernando Encinar, jefe de Estudios del portal Idealista.

EL ERROR DE UNA MORATORIA DE ALQUILER Y POSIBLES SOLUCIONES:

La crisis del coronavirus hará mella en la capacidad de pago de numerosos hogares, y aunque el Gobierno decretó una moratoria hipotecaria para situaciones de vulnerabilidad, queda por saber qué ocurre en caso de que se viva de alquiler. Unidas Podemos presiona con extender la moratoria a estos casos, una solución tachada de populista e ineficaz dentro del sector, ya que el 95% del parque de alquiler no está en manos de bancos o grandes tenedores, sino de pequeños propietarios que también sufren esta crisis y que verían caer sus ingresos. El ala socialista del Ejecutivo rechaza esta medida y está estudiando alternativas. Una de ellas podría ser dar una renta a hogares vulnerables en régimen de alquiler. Mientras reflexiona, el sector privado ya ha empezado a movilizarse, y precisamente los grandes fondos de inversión y socimis (actores atacados por Podemos), como Lazora, Témpore, Blackstone (a través de Aliseda, Anticipa, Testa y Fidere) han anunciado que flexibilizarán cobros, con aplazamientos o moratorias con pagos fraccionados.

  

Actualizaciones Catastrales para 2019.

La cantidad que pagan anualmente los propietarios de viviendas, locales y terrenos en concepto del impuesto de bienes inmuebles (IBI) subirá en 2019 en cerca de 728 municipios, mientras que bajará en unas 449 localidades.

Esta variación deriva de la actualización del catastro para 1.179 municipios, aprobada ayer por el Consejo de Ministros y que publica hoy el Boletín Oficial del Estado (BOE) junto con las tablas de los coeficientes de actualización sobre los que se ajustará la valoración de los bienes.

Esta actualización no implica que varíe el tipo del impuesto -que es de carácter municipal y que fija cada ayuntamiento-, pero sí lo hace la valoración del inmueble, que es la base imponible sobre la que se aplica.

La actualización había sido solicitada por los ayuntamientos y en algunas ocasiones supone la revisión de valoraciones que no se habían modificado desde los años ochenta.

Precisamente el tiempo transcurrido desde la última actualización es el que indica qué municipios tienen que revalorizar al alza y cuáles a la baja los inmuebles y en qué cuantía.

De los 728 municipios, aquellos que revisaron por última vez el catastro antes de 2004 verán incrementada la valoración de las viviendas, con un coeficiente que varía entre el 1,05 para los que se sitúan entre 1984 y 1989 y del 1,03 para los que lo hicieron entre 1990 y 2000.

El coeficiente será de 1,02 para aquellos municipios que revisaron por última vez el catastro entre 2001 y 2003.

Es decir, que un inmueble valorado en 1985 en 100.000 euros pasará ahora a constar en el catastro 105.000 y este será el importe sobre el que se aplique el tipo del IBI.

Entre los municipios que revisan al alza sus inmuebles figuran localidades de Cuenca, Barcelona, Salamanca, Zaragoza, Valladolid, Girona, Guadalajara, Lugo, La Rioja, Ávila, Zamora, Valencia, Toledo, Tarragona, Soria, Segovia, Palencia, Ourense, Huesca, Jaén o Madrid. Cádiz se ve afectada en su capital de provincia.

Por el contrario, los cerca de 449 municipios que actualizaron por última vez el catastro entre 2005 y 2013, en plena burbuja inmobiliaria, verán ahora reducido el valor de los inmuebles.

En este caso, el coeficiente oscila entre el 0,97 -para los municipios revisados entre 2005 y 2011- y el 0,93 para los de 2012 y 2013.

Por ejemplo, un inmueble registrado en 100.000 euros en 2013 ahora pasará a estar valorado en 93.000 euros.

Las revisiones a la baja afectan a municipios de Guadalajara, Palencia, Soria, Cantabria, Almería, Zamora, La Palmas o Burgos y a grandes localidades de Madrid, y también a ciudades como Avilés, Zaragoza y Almería.