Además de limitar los precios de alquiler en 143 municipios catalanes, el Govern ha introducido un nuevo giro que deberá contar con el visto bueno del Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, proponiendo la reducción de diez a cinco inmuebles para que los propietarios sean considerados grandes tenedores. Esta alteración se fundamenta en la resolución del medio centenar de alegaciones que recibió la memora presentada por el Departament de Territori a mediados de junio.
Reducir a la mitad el número de viviendas previstas por la Ley de Vivienda estatal con el fin de estrechar el cerco sobre los propietarios de viviendas en alquiler es, según Arantxa Goenaga, socia y abogada de Círculo Legal Barcelona, “una iniciativa que restringirá aún más el mercado, provocando más tensión en las rentas”.
Para la letrada, “se está atribuyendo a los propietarios una función social que correspondería a las administraciones públicas”. Asimismo, Goenaga insiste en que “el impacto de esta medida en la configuración de la oferta en alquiler va a ser contraproducente, puesto que se retirarán muchos pisos hasta ahora disponibles”.
Huida del mercado.
De aprobarse esta imposición del Govern, “se intensificará el trasvase de pisos en alquiler residencial al turístico, además del número de viviendas de vacías”, pronostica la abogada, que también señala que “muchos propietarios, al tener que ajustarse a unas rentas limitadas por ley, considerarán la opción de vender sus viviendas o endurecerán las condiciones para los inquilinos”.
La portavoz del despacho Círculo Legal Barcelona admite que, en muchos casos, “la retirada de activos del mercado del alquiler no estará motivada por una menor rentabilidad, sino porque muchos arrendadores tienen hipotecas en vigor, además de otros gastos e impuestos asociados a la propiedad, y tendrán serias dificultades para hacerlos frente si la mensualidad no puede actualizarse conforme a mercado”.
Desalentar la inversión.
La abogada recuerda que la definición de gran tenedor fue puesta sobre la mesa “para ponerle coto a los fondos buitre y al alquiler especulativo”. Sin embargo, con este inesperado movimiento, “se persigue a los pequeños inversores que han confiado en el residencial para depositar su ahorro, castigando una decisión legítima”.
Goenaga subraya que esta postura hace que “los propietarios tengan que asumir una responsabilidad que reside en el gobierno”. “Es al Estado y no a los particulares a quienes les corresponde asegurar el acceso a una vivienda asequible a los colectivos más vulnerables económicamente”, comenta la abogada, añadiendo que “en vez de poner palos en las ruedas, se debería incentivar la inversión inmobiliaria”.
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