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El Supremo aplaza la decisión sobre los plazos para recuperar los gastos hipotecarios pagados de más.

El Tribunal Supremo deja con la miel en los labios a todos los hipotecados que quieren reclamar los gastos que pagaron de más al constituir el préstamo para comprar su casa.

Este 23 de junio, el Pleno de la Sala Primera del Tribunal Supremo tenía que deliberar un recurso de la Audiencia Provincial Sección 15ª de Barcelona sobre el plazo de prescripción que se debe aplicar a la hora de recuperar las cantidades abonadas por los consumidores por las cláusulas que les atribuían el pago de todos los gastos e impuestos de los préstamos hipotecarios. Sin embargo, los plazos que deben tener en cuenta los consumidores todavía están en el aire.

Según ha comunicado el Alto Tribunal, “en la deliberación del recurso 1799/2020, sobre el régimen de prescripción aplicable a la acción de recuperación de las cantidades abonadas por los consumidores por las cláusulas que les atribuían el pago de todos los gastos e impuestos de los préstamos hipotecarios, el Pleno de la Sala Primera del Tribunal Supremo ha acordado, por unanimidad, abrir el trámite de audiencia a las partes, previo al posible planteamiento de una cuestión prejudicial ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE)”.

La letrada Carmen Giménez, de G&G Abogados, lamenta que el Supremo abra la puerta a plantear una cuestión prejudicial ante el Tribunal de Luxemburgo, ya que el pasado 10 de junio ya dictó sentencia sobre un procedimiento que, en su opinión, es aplicable a todas las cláusulas abusivas, incluida la prescripción de los gastos de formalización de las hipotecas entre cliente y banco. Y alerta que la decisión definitiva sobre el plazo de prescripción podría demorarse entre un año y medio o dos años.

En esa misma línea, Almudena Velázquez, directoral legal del portal reclamador.es, califica las noticias como sorprendentes y sostiene que "el Tribunal Supremo alarga la incertidumbre de los afectados por los gastos hipotecarios planteándose la oportunidad de una cuestión prejudicial al Tribunal de Justicia de la Unión Europea. Esto supone una decisión sorprendente, más aún cuando en junio dictó Sentencia en la que ya planteaba que solo cuando se declarara la nulidad de la cláusula podía reclamarse el importe pagado de más. Si bien en ese caso se trataba de una cláusula suelo, no existe ninguna especialidad en la de gastos que pudiera generarle dudas al respecto del sentido de su decisión".

Así, añade Velázquez,"esta decisión del Tribunal Supremo español no hace otra cosa que aumentar la inseguridad jurídica de los afectados y dilatar en el tiempo la decisión final, pues puede pasar más de un año hasta que el Tribunal de Justicia de la Unión Europea se pronuncie sobre este asunto".

Giménez recuerda que "el TJUE, en la sentencia de principios de junio, diferencia para los plazos de prescripción, sea cuál sea la acción que contiene la demanda del consumidor: si nulidad, y entonces es imprescriptible, o reclamación de las cantidades pagadas indebidamente como consecuencia de la aplicación de una cláusula nula o abusiva, para cuyo caso habrá que atenerse a los plazos generales establecidos por la ley".

La abogada añade que "los casos enjuiciados el 10 de junio se trataban de una serie de cuestiones prejudiciales planteadas por Francia en referencia a préstamos multimoneda. El Código Civil francés prevé un plazo de prescripción de cinco años, a contar desde la aceptación de la oferta o firma del contrato, incluso para la nulidad, cosa que fue declarada por el Tribunal europeo como contraria a la directiva y, por tanto, inadmisible. El derecho comunitario es supranacional, es decir, está por encima de cualquier legislación nacional de un estado miembro, y los jueces y tribunales nacionales han de seguir la línea que dicte el Tribunal Europeo".

Sobre la decisión unánime del Supremo de abrir el trámite de audiencia a las partes, la abogada recuerda que "en nuestro derecho rige el principio de audiencia a las partes, es decir, es obligatorio que se de traslado a las partes (demandante y demandado) para que opinen sobre cualquier cuestión nueva que se plantee en el procedimiento, porque de no ser así, el propio procedimiento debería devenir nulo por "inaudita parte".

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Atico de 2 Dormitorios RESERVADO, en la Cooperativa Barrio San Juan Sociedad Cooperativa de Madrid.

Sect. I-7, Bº. S. Juan, Parc. 32, Navalcarnero

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Quedan Disponibles: 2 Aticos, Bajos con Jardín y Pisos con Terraza en 1ª, 2ª y 3ª Planta

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El Gobierno avisa: incorporará una regulación del Alquiler en la futura Ley de Vivienda.

El Consejo de Ministros del 15 de junio ha acordado interponer un recurso de inconstitucionalidad contra la Ley 11/2020 del Parlamento de Cataluña, de medidas urgentes en materia de contención de rentas en los contratos de arrendamiento de vivienda y de modificación de las leyes 18/2007, 24/2015 y 4/2016, relativas a la protección del derecho a la vivienda ante el Tribunal Constitucional por invadir competencias estatales.

En concreto “se solicita la impugnación de los artículos 1 y del 6 al 18; las Disposiciones Adicionales de la primera a la cuarta; la impugnación de la Disposición Transitoria primera y la Disposición Final cuarta letra b, al considerar que vulnera las competencias estatales en esta materia”, según ha confirmado la ministra de Hacienda y portavoz del Gobierno, María Jesús Montero.

La portavoz del Gobierno ha destacado además que “no se solicita la suspensión cautelar de la medida puesto que, en paralelo a la resolución del Tribunal Constitucional, se va a tramitar por este Gobierno la Ley de Vivienda que incorpora muchos de los elementos que ahora, por competencias, se recurren ante el Constitucional”.

Entre las medidas más polémicas dentro del sector de esta Ley de Alquiler catalana está la del control de los rentas en 60 municipios de más de 20.000 habitantes, que suponen un límite a los alquileres que los propietarios pueden pedir a los inquilinos desde el pasado septiembre de 2020.

El Ejecutivo, según las palabras de la portavoz, no aprecia ilegalidad en las normas que se aplican actualmente en Cataluña en matería de limitación de alquileres, sino en las competencias que deben asumir el Estado y la Comunidad Autónoma en la gestión del derecho a la vivienda.

De hecho, fuentes del Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana (Mitma) explican a idealista/news que la normativa que se está negociando incluye, además de incentivos fiscales para los propietarios que abaraten el alquiler a los arrendatarios, una regulación del alquiler en las zonas tensionadas. Entre los 'controles' que están sobre la mesa se encuentra, por ejemplo, obligar a los arrendadores a aplicar a los nuevos contratos las mismas condiciones que tenían los anteriores inquilinos o congelar las rentas durante parte del contrato (es decir, que no se pueda actualizar el precio mensual), siempre y cuando la vivienda se encuentre en una zona tensionada y durante el tiempo que sea considerada como tal.

Como ya anunció la cartera liderada por José Luis Ábalos en marzo, la vigencia de la declaración de un ámbito territorial como zona de mercado residencial tensionado será de tres años, pudiendo prorrogarse anualmente. Y la Administración competente realizará un Plan de Acción específico que programará las medidas necesarias para la corrección de los desequilibrios en el mercado de alquiler.

La nueva ley estatal de vivienda, cuya aprobación se esperaba para enero, se espera para las próximas semanas. "Espero que haya acuerdo antes del verano", ha asegurado Montero. Según fuentes del Ejecutivo, el objetivo es que esté lista antes de agosto para que inicie cuanto antes su tramitación parlamentaria y posiblemente se incorporen enmiendas.

El contenido del recurso ante el TC.

Durante su intervención, la portavoz ha comentado que el recurso de inconstitucionalidad que se lleva al Tribunal Constitucional “se produce después de intentos de alcanzar un acuerdo con la Generalitat en el marco de la Comisión Bilateral por un espacio de seis meses”, y también ha recordado que el plazo para la interposición de la impugnación ante el Tribunal Constitucional finaliza el 21 de junio.

La decisión está avalada por el informe favorable del dictamen del Consejo de Estado. Así mismo, tal y como ha recordado Montero, el Consejo de Garantías Estatutarias del parlamento catalán estableció en su dictamen criterios relativos a la inconstitucionalidad de distintos preceptos de la ley impugnada.

El Gobierno plantea que el artículo 1 de la ley autonómica, que recoge como objeto de la ley “regular la contención y moderación de rentas en los contratos de arrendamiento de vivienda (…)”, vulnera la competencia estatal exclusiva sobre legislación civil, recogida en el artículo 149.1. 8ª de la Constitución Española.

También se vulnera la Ley de Arrendamientos Urbanos, que establece el régimen jurídico aplicable a los arrendamientos de fincas urbanas que se destinen a vivienda o a usos distintos del de vivienda.

Además, en los artículos 1, del 6 al 12, del 14 al 16 y en la disposición transitoria 1ª se vulnera la competencia estatal sobre las bases de las obligaciones contractuales. La norma autonómica regula a través de estos artículos y disposiciones la determinación inicial de las rentas en los arrendamientos de vivienda, el precio de referencia, su actualización, el régimen de determinados gastos, servicios y obras, el régimen especial para viviendas nuevas o rehabilitadas y el reembolso de cantidades percibidas en exceso.

Asimismo, en los artículos 17 y 18 y en la Disposición Final 4ª letra b, se vulnera la competencia estatal sobre legislación procesal (artículo 149.1.6 de la Constitución).

El recurso se fundamenta al entender que estos son elementos esenciales de este tipo de arrendamientos, vulnerando la sentencia del Tribunal Constitucional 132/2019, que determina, en base al artículo 149.1.8º de la Constitución Española, que la renta de los contratos de arrendamiento de vivienda es uno de los elementos esenciales de competencia estatal.

La Pandemia dispara las Herencias de Viviendas: qué problemas acarrean a los Herederos?

Estadísticamente, es un hecho demostrable: la pandemia ha disparado a cifras récord las herencias de vivienda en España. En el pasado mes de marzo hubo 19.446 viviendas heredadas, cifra histórica, según el INE. Y con ello la imposibilidad de pago, las renuncias… Son muchos los problemas que está generando este incremento en el número de inmuebles transmitidos. Una tendencia, que según los expertos consultados, como reclamador.es y Galisteo Abogados, seguirá creciendo debido al covid-19. Esto suscita movimiento en el mercado inmobiliario, ventas rápidas de viviendas, nuevos inmuebles para el alquiler turístico y locales reconvertidos en viviendas, nuevos precios y muchas dudas entre los ciudadanos, que resolvemos a continuación:

Por qué se han disparado las renuncias a herencias de viviendas.

No hay un motivo único. Cada familia, cada persona tiene unas circunstancias propias concretas que terminan derivando en renunciar a las herencias y más cuando entre los bienes de esa herencia se encuentra una vivienda. Dicho esto, Almudena Velázquez, de reclamador.es, señala que han detectado que entre los motivos que han llevado en los últimos años a esa renuncia está la grave crisis económica que vivimos desde hace unos años y cuyas consecuencias parecen no terminar, máxime en esta pandemia donde una gran mayoría de la población ha estado o sigue estando en situación de ERTE.

A ello no ayuda que los impuestos que se pagan por recibir una herencia (Impuesto de Sucesiones y el conocido como plusvalía) suponen un coste importante que no todos pueden asumir. Es cierto que algunas Comunidades Autónomas en la gestión del primero practican importantes reducciones y bonificaciones a los herederos con grado más próximo de parentesco, pero eso se pierde por ejemplo cuando hablamos de herencias entre tíos y sobrinos, por ejemplo; y en cualquier caso no podemos olvidar que en las autonomías donde no se llevan a cabo esas reducciones, recibir una herencia puede resultar ruinoso para el patrimonio del heredero por sus consecuencias fiscales. Sumemos que la plusvalía municipal en el 99% de los casos va a resultar a pagar, y por mayor importe cuanto mayor sea el plazo entre la adquisición del inmueble por parte del fallecido y la fecha de su muerte, y tenemos un cocktail tributario explosivo para los bolsillos de los herederos.

Por último, desde reclamador.es recuerdan que las deudas se heredan. Y una deuda es la hipoteca de una vivienda. Este es otro de los motivos que pueden llevar a un heredero a decidir renunciar a una herencia, puesto que su aceptación implica que de esas deudas se hará cargo no sólo con los bienes heredados, sino también con su propio patrimonio, presente y futuro.

Fátima Galisteo, de Galisteo Abogados, apunta que los fallecimientos por causa de la pandemia que estamos sufriendo, están provocando en algunas familias situaciones de gran dificultad económica a la hora de aceptar la herencia o herencias (en algunos casos han tramitado la herencia del padre y de la madre), porque además interviene un elemento que es la imprevisibilidad. Es cierto que nadie sabe cuándo va a dejar este mundo, pero, en general, cuando uno llega a determinada edad se plantea la necesidad de decir cómo dispondrá de sus bienes para después de su muerte.

El COVID-19 ha sido tan fulminante que, para muchísimas personas, no ha sido posible hacer tales previsiones y los herederos se han visto con un enorme problema a la hora de decidir si aceptan o no la herencia. En el ámbito de la Comunidad de Madrid, tal circunstancia apenas ha tenido incidencia cuando los herederos eran descendientes (hijos, nietos) o ascendientes (padres) por la bonificación de la cuota del impuesto en un 99%. No ocurre lo mismo cuando los herederos son los hermanos o sobrinos, que no gozan de tal bonificación.

“El verdadero impuesto, que nos atrevemos a calificar de confiscatorio e injusto, es el Incremento del Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana, vulgarmente conocido como plusvalía del muerto, que grava la hipotética ganancia que ha supuesto para los hijos la adquisición por herencia de un inmueble por el aumento de valor del suelo desde que lo compraron sus padres”, comenta Galisteo. Por poner un ejemplo, para una vivienda que no sea la habitual, que adquirieron los padres hace más de veinte años (en ocasiones más de cincuenta, aunque el límite para el cálculo de impuesto está en veinte) con un valor catastral de 50.000 euros, el impuesto asciende a 8.700 euros. Solo la transmisión de la vivienda habitual goza de bonificación, cuando los adquirentes son los hijos o el cónyuge viudo.

Podemos citar dos casos muy ilustrativos recientes: Doma Remedios (nombre ficticio) se vio obligada a malvender el piso que heredó de su hijo, soltero, para hacer frente al pago de la plusvalía. Doña Remedios tiene una pensión con complemento de mínimos, que a partir de ahora peligrará en función de la renta del capital que obtenga por lo heredado de su hijo.

Otro: Tres sobrinos, que eran herederos de un piso han renunciado a la herencia ante la imposibilidad de pagar el Impuesto de Sucesiones y la Plusvalía, pues no han podido vender el piso heredado que estaba recientemente arrendado por el fallecido, y faltaban casi cinco años para la extinción del contrato.

¿Se puede vender el derecho hereditario para obtener liquidez y no renunciar a la herencia?

Almudena Velázquez señala que es posible la venta del derecho hereditario, pero hay que tener en cuenta varias cuestiones:

• Esta venta debe hacerse una vez aceptada la herencia y antes de su reparto. Lo que conlleva que tendrá que pagar el Impuesto de Sucesiones y la ganancia patrimonial en el IRPF, mientras que el comprador habrá de tributar el Impuesto de Transmisiones Patrimoniales.
• No se venden bienes concretos de la herencia, sino el derecho hereditario, lo que significa que, aunque el comprador no adquiere la condición de heredero, sí se pone en su lugar y por lo tanto adquiere tanto los bienes como las deudas.
• Cuando se vende a un tercero, debe comunicarse al resto de los herederos, que tendrán el derecho de adquirirlo por el mismo precio.

Fátima Galisteo sostiene que cuando en una herencia existe dinero o productos financieros, puede aceptarse la herencia y pagar con ellos el Impuesto de Sucesiones. Pero en muchas ocasiones, entre los bienes heredados, no hay dinero, sino bienes inmuebles, que deben venderse para poder pagar el Impuesto. Pero para poder venderlos, antes hay que aceptar la herencia, y es aquí donde surge el problema para los herederos: 1.- Aceptar la herencia con el riesgo de que el inmueble no se venda en los plazos que Hacienda nos conceda para liquidar el impuesto (1 año - en realidad 6 meses que se pueden prorrogar hasta un año desde el fallecimiento - o, en casos especiales, hasta 5 años) o 2.- Renunciar a la herencia.

En estas situaciones existe la posibilidad de transmitir los bienes heredados, pero hay que tener en cuenta que el sujeto pasivo del Impuesto es el heredero y que podrá suscribir un compromiso de venta antes de la aceptación, pero a efectos fiscales primero se produce el devengo del Impuesto de Sucesiones y posteriormente el de Transmisiones Patrimoniales, lo que significa que primero hay que aceptar y luego vender.

Es una realidad, no poco frecuente, que inversores adquieran un inmueble de manera simultánea a la aceptación de la herencia, pagando el impuesto de sucesiones como parte del precio de compra.

Qué significa aceptar una herencia a beneficio de inventario.

Almudena Velázquez, de reclamador.es, recuerda que se trata del único instrumento legal por el que podemos heredar sólo los bienes y no las deudas: al aceptar la herencia a beneficio de inventario, aquéllas sólo se pagarán con el patrimonio heredado. De esta manera, el beneficiario no verá comprometido su propio patrimonio.

Se trata de un trámite que debe hacerse ante un juez o un notario y con el que es posible pagar las deudas que deja el causante, por ejemplo una hipoteca, con el patrimonio de la herencia hasta donde alcance el valor de los bienes heredados.

Desde Galisteo Abogados señalan que aceptar una herencia supone adquirir los bienes que un ser querido deja a su fallecimiento, pero también todas sus deudas (o parte de ellas si la herencia se comparte con otros herederos). Esto supondrá que estas pasan a ser del/los herederos y tendrán que ser asumidas con su propio patrimonio ya que la aceptación simple o el rechazo de una herencia son definitivas, no es posible aceptar una herencia de forma parcial o con condiciones.

Por esta razón, cuando se sabe que el causante tiene deudas, es una práctica muy común renunciar a la herencia, en ocasiones sin haber hecho un cómputo de las deudas y del patrimonio, que podría compensarlas. Y es que hay una alternativa a la aceptación pura y simple o el rechazo que muchos desconocen: la aceptación de la herencia a beneficio de inventario. Esta fórmula es la única que nos permite evitar heredar deudas, ya que desliga el patrimonio del heredero del patrimonio hereditario permitiendo al heredero responder a las deudas del fallecido con los bienes heredados y solo hasta la cantidad que reciba de la herencia.

Lo primero es realizar un inventario con un abogado especializado en herencias, valorando los bienes y las deudas del difunto, así como los gastos derivados como el Impuesto de Sucesiones, Plusvalías municipales, Notaría, Registro de la Propiedad en caso de que existan inmuebles. En esta primera fase averiguaremos si el fallecido tenía deudas y, de haberlas, si el valor de los bienes las cubre, y cuál es el remanente que queda a los herederos, tras la deducción de los gastos de tramitación de la sucesión.

Además este procedimiento no supone ninguna obligación para el heredero, ya que está encaminado exclusivamente a contar con toda la información necesaria para saber si puede aceptar la herencia sin que su patrimonio personal se vea afectado y los plazos que tiene para hacerlo. Y es que, según establece el artículo 1023 del Código Civil, el beneficio de inventario produce en el heredero el efecto de “no quedar obligado a pagar las deudas y demás cargas de la herencia, sino hasta donde alcancen los bienes de esta”. De esta forma, al aceptar la herencia a beneficio de inventario, el heredero responde de las deudas y demás cargas solo hasta donde alcanzan los bienes incluidos en ella.

Después de hacer un inventario previo el heredero cuenta con la información y las recomendaciones necesarias para decidir si desea aceptar la herencia, rechazarla o hacer uso del beneficio de inventario. Si fuera el último caso la declaración debe hacerse ante notario junto con un extracto de los bienes de la herencia en un plazo de 30 días desde que es conocedor de su situación de beneficiario y, aunque no es necesaria la presencia del abogado en esta parte, lo habitual y más recomendable es que se encargue de preparar toda la documentación y acompañar al heredero en todo el proceso porque cualquier actuación tendente a evitar incluir bienes o derechos en el inventario o la realización de actos de disposición de algún bien antes de pagar las deudas, conduce a la pérdida del beneficio de inventario y se entenderá que acepta la herencia pura y simplemente, con lo que el heredero responderá de las deudas también con su patrimonio.

Qué pasa con las donaciones en vida a uno de los hijos.

En reclamador.es han detectado que uno de los supuestos más desconocidos al gestionar una herencia es no conocer que las donaciones afectan en las herencias.

Según recoge el Código Civil, todos los herederos deberán aportar a la masa hereditaria el bien o su valor que hubiera recibido en vida del difunto. Esta operación es la que jurídicamente se llama colación de bienes y su aplicación práctica es que cuando se realice la partición de la herencia, si existieran más herederos como es el caso, el inmueble donado en vida o su valor se computará dentro de la parte de la herencia de quien lo recibió.

Ahora bien, a la hora de gestionar esta herencia hay que distinguir si esa donación se hizo colacionable o no colacionable. Si se trata de una donación no colacionable, cuando se proceda al reparto de la herencia, el heredero que recibió esa donación no colacionable, no tendrá que aportar a la masa de la herencia dicha entrega en vida, salvo que se trate de una donación inoficiosa, es decir, excesiva por perjudicar claramente la parte legítima del resto de herederos. Para ello es imprescindible que así se manifieste en la escritura de donación, o en el testamento.

Fátima Galisteo apunta que lo donado en vida a un heredero forzoso debe computarse en la herencia para el cálculo de las legítimas y la partición, salvo que el donante hubiera dispuesto lo contrario la realizar la donación. La incorporación del piso o el dinero donado a la masa hereditaria se denomina “colación” en nuestro Código Civil.

Por tanto, si los padres al hacer la donación nada dijeron, el piso se computará en la herencia, todos heredan la misma cantidad y el piso donado debe computarse como la parte que le corresponde al donatario, quien, en caso de que el valor del piso fuera superior a lo que le corresponde, debe pagar a los demás el exceso. Si no fuera colacionable, el exceso percibido por la donación se imputará al tercio de mejora y al de libre disposición, con lo que no tendrá que pagar nada, salvo lo que pudiera faltar para cubrir la legítima de los demás herederos.

Qué pasa con el heredero nacido de una relación anterior a la familia actual del padre al fallecer y no ha dejado nada en el testamento.

Almudena Velázquez, de reclamador.es, comenta que esta persona es heredero forzoso y, por tanto, por ley le corresponde una parte de la herencia. Las herencias se dividen en tres partes, una de ellas reservada obligatoriamente para los herederos forzosos, que es la que se conoce como legítima estricta. Dentro de ese tercio, habría que conocer cuántos herederos forzosos más están llamados a heredar y dividir la herencia entre todos los herederos. Ejemplo: La herencia se valora en 300.000 euros y hay tres hijos, uno de ellos en este supuesto. La legítima estricta ascendería a 100.000 euros y a él le correspondería por tanto 33.333 euros.

Fátima Galisteo subraya que los hijos son herederos forzosos respecto de sus padres y ascendientes y tienen derecho a una parte de la herencia que se llama legítima, de la que no puede disponer el fallecido. Su cuantía es de dos tercios del haber hereditario, si bien uno de dichos tercios puede destinarlo el causante para mejorar a los herederos forzosos que desee, llamándose el otro tercio legítima estricta. La parte correspondiente de este último tercio (dividido entre todos los hermanos) necesariamente le corresponde, aunque su padre haya contraído nuevo matrimonio y ni siquiera le haya nombrado en su testamento, aunque si no hay acuerdo entre los herederos, tendrá que acudir a un procedimiento de impugnación del testamento.

Próxima Construcción de 25 Viviendas en Régimen de Cooperativa.

Próximamente darán comienzo las obras de Construcción de 25 Viviendas en Navalcarnero, en Régimen de Cooperativa.

Cooperativa Bº S. Juan S.Coop. Mad. 

Sect. I-7 Bº S. Juan, Parc. 32, Navalcarnero

25 Viviendas, Trasteros y Aparcamientos

La parcela se encuentra situada en la Calle Santa Isabel (Cerca del Registro de la Propiedad), desbrozada y pendiente de realizar el Estudio Topográfico. En cuanto a la Licencia, ya está vista por el Ayuntamiento y en regla.

Las 25 Viviendas se dividen en:

• 3 portales.
• Bajos con jardín.
• 1ª, 2ª y 3ª Planta con terraza de 7,50m2.
• Aticos
• Todas las Viviendas incluyen en el precio aparcamiento en superficie y trastero.
• Ascensor.
• Zonas comunes.
• Piscina.
• Viviendas de 1,2 y 3 dormitorios.
• Memoria de calidades, pinchando aqui
• Los precios oscilan entre los 153.989,00€ y los 198.000,00€.
• Los m2 oscilan entre los 57,79m2 y 100,68m2.

Para Información y Reserva de la Vivienda, le dejamos nuestro contacto

Teléfono: +34 91 810 17 58

Móvil: +34 669 439 774

Mail: villagestion@hotmail.com

1ª, 2ª y 3ª Planta de 2 Dormitorios, con Terraza de 7,50 m2.

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Nuestra Nueva Tarjeta.

En unos días, tendremos nuestra nuevas tarjetas a su disposición. ¡ Esperamos que a Uds. les gusten !

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Se Vende Piso en Paseo del Alparrache, Navalcarnero, Madrid.

 Piso en Venta en Paseo de Alparrache.

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Cambian las Tarifas Eléctricas: ¿Pagaré más? ¿A qué hora conviene usar los electrodomésticos?

A partir de este martes 1 de junio arranca el cambio de tarifas eléctricas en España. Laura Cardenal, responsable de comunicación de la empresa Selectra, y Antonio Picazo, responsable de Gana Energía y experto del sector energético, responden a las principales cuestiones sobre en qué consiste el cambio de tarifas o cómo pueden beneficiarse los consumidores para ahorrar.

¿En qué consiste este cambio de tarifas?

Es un cambio que consiste básicamente en una reestructuración tarifaria que tiene como objetivo principal la mejora de la eficiencia energética. Esto va a suponer una discriminación horaria en 3 periodos de energía: punta, llano y valle (con precios diferentes) y 2 periodos de potencia para potencias de menos de 15 kW, es decir, la gran mayoría de los hogares, explica Antonio Picazo a 20minutos.

¿Cómo funcionan los tramos?

Laura Cardenal (Selectra) asegura que "con las nuevas tarifas, pasaremos a tener 3 períodos diferentes de facturación de la energía: punta, llano y valle".

Los horarios de los mismos, serán los siguientes:

- P1:punta/caro: 10h a 14h y 18h a 22h

- P2: llano/medio: 8h a 10h / 14h a 18h / 22h a 24h

- P3: valle/barato: 24h a 8h

Los fines de semana y los festivos de ámbito nacional no sustituibles y con fecha fija tendrán otro horario:se establece que en estas fechas todas las horas serán ‘valle’.

¿Se encarecerán las tarifas?

Los cambios se percibirán como una subida o una bajada, dependiendo de la tarifa actual, aseguran desde la Organización de Consumidores y Usuarios (OCU).

Un consumidor medio con tarifa 2.0A que tiene contratados 4,6 kW de potencia y gasta 3.500 kWh al año, verá disminuir su factura en unos 21 euros anuales de media, algo menos de 2 euros al mes.

Ese mismo hogar, pero que tenga contratada la tarifa con discriminación horaria 2.0A DH pagará unos 34 euros más al año, esto es, una subida de unos 3 euros al mes, ya que pierde la ventaja que hasta ahora tenía.

Los mayores beneficiados serán las empresas y hogares con potencia entre 10 y 15 kW. Para ellos la bajada en los peajes y cargos supondrá un importante ahorro en la factura.

En cualquier caso, no hay que olvidar que las tarifas de peajes y cargos son solo uno de los componentes que inciden en el precio de la electricidad. En último término dependen de la comercializadora y la tarifa elegida.

¿A qué hora conviene utilizar los electrodomésticos?

Si quieres ahorrar, Laura Cardenal, de Selectra, recomienda que te ciñas a consumir energía fundamentalmente en las horas y días en los que la electricidad es más económica. Son los siguientes: Cualquier día de la semana de 00:00 de la madrugada a 8:00 de la mañana.

El fin de semana de forma ininterrumpida. Durante el sábado y el domingo no deberás preocuparte por la hora. Y también los festivos nacionales con fecha fija. Por ejemplo, el 1 de mayo.

Se calcula que más del 50% de las horas del año son de las denominadas valle, donde el consumo es un 95% más barato que en punta.

La responsable de comunicación de Selectra indica que "el cambio, al ser regulatorio, afecta a todas las compañías". Desde el punto de vista del cliente, todos aquellos que tienen contrato con el mercado regulado (PVPC) con una potencia igual o menor de 15 KWh, automáticamente se les aplicarán los nuevos periodos de discriminación horaria en los precios de la electricidad (horas punta, llano o valle).

Antonio Picazo (Gana Energía) señala que su comercializadora ha adaptado sus tarifas a la nueva coyuntura, "pero intentando dar a nuestros clientes soluciones lo más ventajosas posibles para ellos, como nuestra tarifa a precio de coste, que es con la que el cliente más se ahorra al cabo del año".

De acuerdo con la Comisión Nacional del Mercado y la Competencia (CNMC), los beneficiados serán los 19 millones de consumidores que hasta ahora no tenían discriminación horaria, mientras que la factura por peajes y cargos se incrementará para los 10 millones que ya tenían discriminación y tenían un precio más barato.

Para los primeros, el componente regulado de la factura se va a reducir un 6,7%, mientras que para los segundos aumentará levemente, en unos 2 euros al mes, según fuentes de la CNMC.

¿Tengo que hacer algo?

Si tienes contrato con el mercado regulado, directamente pasarás a regirte por los nuevos precios por horas. No tendrás que hacer nada y lo verás reflejado en tu primera factura, recalca Laura Cardenal.

Si tienes una tarifa de mercado libre, tu compañía adaptará tu tarifa. Podrás ponerte en contacto con ellos para cambiar de tarifa si lo deseas.

¿Cuánto dinero puedo llegar a ahorrar anualmente?

Los consumidores tendrán una discriminación horaria que estará divida en tres franjas.Pixabay

Antonio Picazo responde: "Esa es la gran pregunta, pero en realidad depende de cómo el consumidor adapte su gasto energético a los nuevos horarios, y por supuesto de la tarifa que tenga contratada".

Al final la clave está en entender que el precio del término fijo de la factura, que es la potencia va a bajar, mientras que el precio de la energía, es decir el término variable subirá. Esto quiere decir que ahora más que nunca, el ahorro está en las manos del consumidor: Ahorrará más quien mejor se adapte a los horarios de precio valle.

De acuerdo con la CNMC las nuevas tarifas desincentivarán no encender varios aparatos a la vez (por ejemplo, lavadora y cocina o plancha), lo que podría inducir un ahorro de entre 200 y 300 euros anuales para un consumidor con alto equipamiento eléctrico.

¿Me voy a quedar sin luz?

"No, eso no va a pasar en ningún caso", subraya Cardenal (Selectra). "Cambiarán detalles de tu factura, así como el precio que pagues por la potencia contratada y el consumo de acuerdo con tu compañía y tipo de tarifa, pero en ningún caso te quedarás sin suministro", explica.

¿Sería conveniente que el Gobierno rebajara los impuestos a las eléctricas para que pudiera bajar el precio para los consumidores?

Picazo (Gana Energía) indica que "una rebaja de impuestos supondría indudablemente una rebaja en el importe total que paga el consumidor. Eso siempre va a suponer un ahorro en la factura, ya sea para usuarios del mercado regulado o del mercado libre".