Los promotores advierten de que, si no se toman medidas para incrementar la oferta, seguirá muy al alza.
O España encuentra soluciones para poner más viviendas en el mercado, o los precios están condenados a subir de forma «desmedida». Así lo creen los promotores y constructores, que aseguran, como también lo hizo con anterioridad el Banco de España, que la oferta de vivienda nueva es insuficiente para satisfacer una demanda que se mantiene más fuerte de lo que muchos esperaban a pesar de las subidas de tipos de interés y que, por ello, los precios se están resintiendo.
Aunque de cara a este ejercicio la secretaria general de la APCE, Beatriz Toribio, cree que los precios subirán sólo un 2,5%, frente al 4% en que estima que lo hicieron el pasado ejercicio, mirando a largo plazo, atisba que los precios se van a tensionar mucho más si no se ponen ya en el mercado más viviendas. Los promotores calculan que el pasado ejercicio se terminaron unas 110.000 pero que, por contra, la creación de nuevos hogares superará los 180.000, lo que incrementará todavía más el déficit de vivienda necesaria. Por ello, según Toribio, «trimestre a trimestre se acumula más déficit de vivienda nueva comparada con la creación de hogares. Teniendo en cuenta las previsiones que hay para los próximos quince años, que hablan de 2,7 millones de hogares nuevos, lo que supone 180.000 al año, el desequilibrio se agudizará si no producimos más vivienda nueva», advirtió.
Lo que de hecho está pasando ya en España se asemeja mucho a los importantes incrementos de precios que se están dando en otras ciudades europeas como París, Roma o Milán, advirtió el presidente de APCE, Juan Antonio Gómez Pintado.
La necesidad de vivienda nueva es tan alta que, según explicó Toribio, las que salen al mercado vuelan: el 90% de las que se van a terminar este año ya están vendidas y lo mismo ocurre con el 60% de las que hay programado finalizar el año próximo.
Para Gómez Pintado, poner en tiempo y forma la cantidad de suelo finalista suficiente en el mercado como para que los precios no escalen, igualar el IVA de toda la vivienda protegida en el 4% o permitir al sector privado colaborar en la elaboración de los pliegos de proyectos público-privados para que no descarrilen son medidas básicas que habría que tomar de cara a frenar esta escalada y poner en el mercado oferta pensando sobre todo en los más jóvenes.
Avales ICO:
De momento, desde el Gobierno el primer paso dado en esta legislatura para ayudar a los que tienen menos de 35 años y a las familias con menores a cargo es impulsar una línea de avales ICO para compra de vivienda. El Gobierno aprobó ayer el acuerdo por el que se fijan las condiciones para que el Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana (Mivau), que dirige Isabel Rodríguez, proceda a la firma con el ICO de una línea de 2.500 millones de euros en avales para la compra de la primera vivienda de estos colectivos a la que ahora deberán sumarse las entidades financieras.
El aval, que no tendrá ningún coste, cubrirá el 20% del importe del crédito, salvo que la vivienda adquirida disponga de una calificación energética D o superior, en cuyo caso se podrá avalar hasta el 25% de este importe.
Vivienda explicó que el plazo del aval será de un máximo de diez años desde que se formalice la operación, con independencia de la amortización del préstamo. Durante este plazo, la vivienda deberá ser la residencia habitual de la persona avalada y su arrendamiento estará limitado a que concurran circunstancias que exijan el cambio de vivienda, tales como celebración de matrimonio, separación matrimonial, traslado laboral u obtención de un empleo más ventajoso, entre otras análogas.
En el convenio entre el ICO y Mivau se establecerá también un límite máximo de precio de venta o tasación de la vivienda, que podrá fijarse en función del ámbito territorial, pudiendo ser modificado por acuerdo de la comisión de seguimiento.
Requisitos:
En cuanto a los requisitos que deberán cumplir los potenciales beneficiarios de estos avales, Vivienda ha establecido que deberán ser personas físicas y mayores de edad, con residencia legal en España, debiendo acreditarla de manera continua e ininterrumpida durante los dos años anteriores a la solicitud del préstamo y unos ingresos individuales inferiores a 37.800 euros brutos al año (4,5 veces el IPREM). Si son dos, el límite máximo de ingresos que podrán sumar ambos será 75.600 euros.
Durante la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, Isabel Rodríguez aseguró que, con esta medida, el Estado se va a convertir en avalista de personas jóvenes y familias que, según los estudios, teniendo buenos empleos y buenos salarios, no tienen capacidad de ahorro para adquirir una vivienda. Además, añadió que el objetivo de los avales es "esponjar el mercado del alquiler en zonas tensionadas, con ciudades donde ya es más caro el alquiler que comprar; y atender la realidad en núcleos rurales contribuyendo así a la fijación de población".
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