Juzgados de toda España han congelado la deliberación y fallo de todos los asuntos relacionados con el impuesto de las hipotecas a la vista de la situación creada en el Tribunal Supremo, donde, tras una sentencia de la Sección Segunda de la Sala de lo Contencioso-Administrativo que hacía recaer en los bancos este gasto, el presidente,Luis Díez-Picazo, anunció que un pleno compuesto por más de 30 magistrados analizará y determinará cuál debe de ser el criterio a seguir.
Los acontecimientos han creado evidente desconcierto en los clientes de la banca, las entidades y los notarios que se encargan de tramitar este gravamen de actos jurídicos documentados, pero también una "inseguridad jurídica" que se extiende a todos los tribunales, que carecen ahora de jusrisprudencia válida. La existente hasta el momento cargaba en el hipotecado el pago y fue modificada por la resolución 'sorpresa' de la pasada semana. Horas después, vino el frenazo del presidente Díez-Picazo, que se ha interpretado como una vía inusual y sin precedentes para parar los efectos de esa decisión de su propia sala.
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